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Islandia ha sido uno de los países más extremadamente afectados por la crisis financiera. Ya en otoño de 2008 se encontraba al borde de la suspensión de pagos, y desde entonces no se ha apreciado mejora en la situación. Las deudas de sus tres grandes bancos —Kaupthing, Landsbanki y Glitnir— equivalían a doce veces el PIB islandés. Esta crisis nunca vista sirvió para movilizar al pueblo, que, a golpe de manifestaciones y usando huevos como munición, forzó la dimisión del Gobierno, la nacionalización del sistema bancario y la reforma de la Constitución (en la que la libertad de expresión se va a blindar).
Estamos ante un pueblo que ha decidido tomar su destino en sus propias manos, y no abdicar en una élite política y económica de competencia y moralidad más que dudosas. La negativa de los islandeses a pagar de su bolsillo las deudas que sus bancos habían contraído con Inglaterra y Holanda llevará a su país ante la justicia internacional y pone en peligro su incorporación a la Unión Europea, algo que no parece preocupar mucho a sus ciudadanos. Al contrario de lo que ocurre en los demás territorios occidentales, los responsables del desastre islandés tienen que responder de sus actos ante la justicia. Ya se han registrado las primeras condenas.
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